5 de mayo de 2025
La baja en la edad de imputabilidad entró en terreno de definiciones: hay consenso, pero el kirchnerismo busca frenar el dictamen
Un plenario de cuatro comisiones discutirá mañana el proyecto que impulsa el Gobierno, el PRO y otros aliados. Detalles del borrador en el que trabajaron más de 100 diputados
>El Gobierno, el PRO y otros bloques aliados La iniciativa es resistida por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, cuyo titular, monseñor Dante Braida, expresó el fin de semana en diálogo con El debate se aceleró después de varios hechos de inseguridad que protagonizaron menores de edad. El más impactante fue el caso de Kim Gómez, de 7 años, que fue asesinada por dos delincuentes de 14 y 17 años, que le habían robado el auto a la mamá de la niña y la arrastraron varias cuadras.
La posición mayoritaria del bloque de Unión por la Patria es contraria a bajar la edad de imputabilidad. Pero el massismo, a través de Ramiro Gutiérrez, presentó su proyecto propio que también fijó en 14 años la edad de punibilidad.
Más allá de las posiciones a favor y en contra, entre los más de 100 diputados que integran las comisiones hay consenso para avanzar en un dictamen que establece un Régimen Penal Juvenil que, si bien tiene como punto central la baja a 14 años, incluye una serie de medidas para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.
El proyecto establece la derogación de la actual Ley 22.278, que rige desde 1980 -plena dictadura militar- y que, según coincidieron los legisladores de todos los bloques, resulta obsoleta. El nuevo texto —que consta de al menos 53 artículos distribuidos en once capítulos— fue elaborado tras ocho sesiones informativas que comenzaron en agosto del año pasado.Según pudo saber Infobae, durante ese proceso se convocó a especialistas de distintas disciplinas, incluyendo neurólogos, que aportaron evidencia científica sobre la capacidad de comprensión de adolescentes de 14 años respecto a la ilicitud de sus actos.
A diferencia de la norma vigente, que apenas contiene 13 artículos y menciona instituciones ya inexistentes como el “patronato de menores”, la iniciativa sobre la que habría mayor consenso incorpora estándares internacionales suscriptos por Argentina en materia de derechos de la infancia. Esa omisión provocó sanciones internacionales por no adecuar el país su legislación a los tratados que reconocen un régimen penal juvenil diferenciado.Los diputados del oficialismo y los aliados que vienen trabajando en un dictamen de consenso advirtieron que esta modificación no significará que todos los menores que cometan delitos vayan a terminar presos. Por el contrario, proponen un esquema de penas alternativas y medidas complementarias que se graduarán según la edad y la gravedad del delito.
Entre las medidas complementarias previstas, que podrán aplicarse desde la imputación y acompañar a las sanciones penales, la mayoría de los legisladores que integran las comisiones coinciden en establecer en el nuevo régimen los siguientes criterios:- Estas medidas no están contempladas en la ley vigente y, según los impulsores del proyecto, son instrumentos imprescindibles para que los jueces cuenten con herramientas adecuadas a la hora de intervenir en casos de adolescentes en conflicto con la ley.
Estos artículos fueron trabajados de forma conjunta por diputados de distintos partidos políticos, y constituyen una de las bases del amplio consenso que sostiene el despacho. La lógica subyacente es que la prisión deberá ser la última instancia, reservada solo para los casos más graves y siempre con fundamentos concretos.
Se contempla en el proyecto de consenso la posibilidad de sustituir parte de la pena tras cumplir dos tercios, siempre bajo control judicial y evaluación interdisciplinaria.
Uno de los aspectos que generó mayor acuerdo es la necesidad de fijar criterios específicos para evitar que los menores condenados cumplan sus penas en cárceles comunes o junto a adultos. Y en caso de internación, el proyecto establecerá la notificación al juez civil competente para garantizar un seguimiento adecuado.Legisladores de diferentes bancadas reconocieron que en la actualidad, ante delitos especialmente graves —como el del adolescente involucrado en el asesinato de Kim—, los jueces optan por “medidas tutelares” para mantenerlos en reclusión sin juicio formal, sin defensor, sin respetar garantías mínimas y en condiciones de alojamiento que no están claramente reguladas.
El proyecto que cosechó más apoyo incorpora un conjunto de principios y garantías procesales que tienen por objetivo orientar la aplicación de las normas a los adolescentes, entre ellos:
