La represión estatal en la UNT evidencia el retroceso del derecho a la protesta pacífica

En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Facultad de Filosofía y Letras fue escenario de una polémica intervención policial durante una clase pública organizada en repudio al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La actividad, que tenía como objetivo visibilizar la situación crítica de las universidades públicas, terminó con la suspensión forzosa del evento por parte de la policía provincial, un accionar que generó amplio rechazo en la comunidad académica.

La clase pública formaba parte de una serie de protestas en varias universidades del país, en respuesta a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que aseguraba mayores recursos para el sistema universitario. En Tucumán, las autoridades universitarias y los gremios habían apostado por una protesta pacífica para visibilizar su demanda por un financiamiento digno y la autonomía universitaria. Sin embargo, la intervención policial fue percibida como un acto intimidatorio y una vulneración del derecho constitucional a la protesta pacífica.

El despliegue de las fuerzas de seguridad en este contexto no fue un hecho aislado. Las críticas se han centrado en el gobernador interino Osvaldo Jaldo, a quien se acusa de coordinar con el gobierno nacional para frenar las expresiones de disidencia. Este tipo de medidas represivas reflejan, según denunciaron estudiantes y docentes, un preocupante retroceso en los derechos democráticos, vulnerando el espacio de diálogo y expresión que tradicionalmente representan las universidades públicas.

La represión no logró apagar la movilización estudiantil, que se mantiene firme en sus demandas. Las medidas de protesta continúan con tomas temporales de facultades y asambleas masivas, mientras se planean nuevas movilizaciones hacia el Congreso, donde la oposición intentará revertir el veto de Milei. La comunidad universitaria insiste en que el acceso a una educación pública de calidad es una garantía irrenunciable para el desarrollo social del país, y denuncia que las acciones policiales coordinadas por Jaldo sólo buscan silenciar voces críticas en momentos de crisis económica y política.

Este episodio pone de manifiesto una tensión creciente entre las autoridades provinciales y los movimientos universitarios, en un contexto en el que la legitimidad de la protesta parece ser desafiada por un modelo de gobernabilidad que prioriza la represión sobre el diálogo democrático