Los Bondis de Jaldo
La compra de 100 colectivos nuevos por parte del gobierno de Tucumán, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, ha generado un debate intenso entre el oficialismo y la oposición provincial. Este plan, que busca modernizar el transporte público tanto en áreas metropolitanas como rurales, ha sido criticado por varios legisladores opositores, quienes cuestionan la falta de licitaciones públicas y el uso eficiente de los recursos.
Uno de los principales puntos de controversia es que la compra se realizó de manera directa, sin pasar por un proceso de licitación pública. Según la oposición, esto contradice las normativas vigentes y favorece a ciertos sectores privados. El legislador opositor Claudio Viña señaló que esta contratación directa "incurre en inconsistencias" legales y criticó la transferencia de los vehículos a empresas privadas sin un concurso abierto. Además, cuestionó la viabilidad económica de las empresas beneficiarias, que recibirían los colectivos "de manera casi mágica"
Por su parte, desde el radicalismo, legisladores como Silvia Elías de Pérez y José Seleme han propuesto que se adquieran colectivos impulsados por gas natural comprimido (GNC) en lugar de los tradicionales a gasoil. Argumentan que esta medida no solo reduciría costos de operación (hasta un 50% en comparación con el gasoil), sino que también contribuiría a disminuir las emisiones contaminantes. Asimismo, insisten en la importancia de realizar una licitación pública para garantizar transparencia y eficiencia en el gasto de los fondos públicos
A pesar de las críticas, Jaldo ha defendido la compra como parte de un plan para mejorar el servicio de transporte y ha destacado que la medida incluye la implementación de nuevas tecnologías para el control de frecuencias y uso de los colectivos, lo que, según él, beneficiará directamente a los usuarios
Este enfrentamiento refleja las tensiones entre la gestión oficialista y la oposición en temas de transparencia y eficiencia en la administración de recursos públicos.
