Jaldo apretó el botón rojo

El lunes por la mañana, mientras el sur tucumano amanecía entre rumores, indignación y posteos cruzados, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que no dejó lugar a interpretaciones: el municipio de Juan Bautista Alberdi fue intervenido por 180 días. El intendente Luis “Pato” Campos quedó fuera de juego, y en su lugar fue designado el interventor Guillermo Norry, un técnico del riñón jaldista, con perfil bajo y pulso firme.

¿La causa? Una cadena de escándalos, audios filtrados, presuntos vínculos con redes de narcomenudeo, amenazas internas, reparto de contratos a dedo y un clima institucional irrespirable. En resumen: un cóctel explosivo que ni el peronismo, experto en apagar incendios, pudo contener sin recurrir al matafuegos constitucional.

🔥 La mecha que encendió todo

Aunque los problemas en Alberdi venían fermentando desde hace meses, la gota que rebalsó la paciencia de Casa de Gobierno fue la difusión de audios explosivos en los que funcionarios municipales hablan con total naturalidad sobre "ñoqis", amenazas a empleados y protección a vendedores de droga que, según se escucha, “reportan a la intendencia”.

Las redes sociales hicieron el resto: la indignación fue instantánea. En apenas 48 horas, los audios se volvieron virales, hubo cacerolazos espontáneos y varios dirigentes del PJ local salieron a despegarse del intendente. Jaldo, que venía advirtiendo en privado que Alberdi era "una bomba de tiempo", tomó la decisión más drástica disponible: cortar por lo sano y mandar a Norry a barrer.

🧾 El DNU de la limpieza

Firmado a primera hora del lunes, el decreto invoca el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que permite la intervención de municipios cuando hay un "grave desorden institucional". Y si algo no falta en Alberdi es desorden: denuncias cruzadas, causas penales abiertas, un Concejo Deliberante paralizado, empleados silenciados con amenazas, y una comunidad que ya no sabía a quién reclamarle.

“El orden público, la seguridad y las buenas costumbres de la comunidad han sido severamente alteradas”, dice el decreto con tono solemne. Entre líneas, se lee otra cosa: el poder provincial ya no podía mirar para otro lado sin quedar pegado.

🧑‍⚖️ La caída de Pato Campos

Luis Campos llegó a la intendencia como la “renovación justicialista”, luego de ganarle la interna a la histórica Sandra Figueroa. Pero su luna de miel duró menos que un asado en una elección del PJ: la gestión se hundió en manejos turbios, alianzas oscuras y una escalada de violencia silenciosa que, con los audios, se hizo imposible de tapar.

Aún no tiene una imputación formal, pero todo indica que la Justicia ya puso la lupa sobre su entorno. Por lo pronto, la política ya lo condenó: ni el gobernador ni los intendentes de su espacio salieron a defenderlo.

🧭 ¿Y ahora qué?

El interventor Guillermo Norry tendrá 180 días para ordenar el caos, auditar las cuentas y preparar el camino hacia las elecciones municipales del 26 de octubre, donde los vecinos volverán a las urnas para elegir un nuevo gobierno local. La duda es quién querrá ser candidato después de semejante desastre.

Mientras tanto, la imagen del Estado tucumano pegando un volantazo en Alberdi refleja algo más profundo: el sistema político tiene sus límites, y cuando se cruzan ciertas líneas —como el narcotráfico institucionalizado—, el peronismo saca la tarjeta roja, aunque sea para salvarse a sí mismo.

En resumen:
Lo que pasó en Alberdi no es solo un escándalo municipal. Es un espejo incómodo de cómo la impunidad, la precariedad institucional y la cercanía del narco con la política pueden enredar a una comunidad entera. Y de cómo, cuando ya no queda nada que administrar, el dedo del gobernador baja la palanca.