El partido judicial condena y proscribe a CFK
En diciembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta en la llamada "Causa Vialidad", relacionada con presuntos sobrecostos en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Esta sentencia reavivó el debate sobre el "lawfare", término usado para describir el uso de mecanismos judiciales con fines políticos, y trajo a colación casos similares en la región, como el proceso de Lula da Silva en Brasil.
Lawfare y persecución judicial
El concepto de "lawfare" —una combinación de "law" (ley) y "warfare" (guerra)— apunta a una estrategia en la que actores judiciales y mediáticos convergen para debilitar a figuras políticas adversas sin necesidad de utilizar la fuerza militar. Los defensores de Fernández de Kirchner sostienen que esta práctica, habitual en varios países de América Latina, se emplea para remover del escenario político a líderes populares mediante causas judiciales que afectan su imagen, desgastan sus fuerzas políticas y eventualmente limitan su capacidad de competir electoralmente.
La condena a la vicepresidenta de Argentina no busca esclarecer responsabilidades penales, sino anular su protagonismo político e impedir que Cristina Fernández pueda aspirar a cargos de poder.
Paralelismos con Brasil: el caso de Lula da Silva
La condena a Fernández de Kirchner encuentra similitudes en el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, quien fue encarcelado en 2018 bajo acusaciones de corrupción y lavado de dinero en un controvertido fallo que, a posteriori, fue anulado por irregularidades en el proceso. Lula, un líder carismático y popular, fue inhabilitado para presentarse a las elecciones de 2018, lo que facilitó el ascenso de Jair Bolsonaro. Más adelante, la justicia brasileña cuestionó la imparcialidad del juez Sergio Moro, quien fue señalado de haber actuado en complicidad con el equipo de fiscales para asegurar una condena contra Lula.
En ambos casos, se presenta un patrón de judicialización que obstruye a los principales referentes de movimientos de izquierda. Cristina Fernández, como Lula, se ha convertido en una figura incómoda para ciertos sectores del poder económico y judicial, que ven en su retorno a la escena política una amenaza a sus intereses.
El intento de asesinato y su conexión con la crisis política y judicial
En septiembre de 2022, Fernández de Kirchner sufrió un intento de asesinato a manos de Fernando Sabag Montiel, quien intentó dispararle en la puerta de su domicilio. Este hecho escaló la tensión política en Argentina, exacerbando la fractura entre el oficialismo y sectores opositores que, según denuncian desde el kirchnerismo, no solo no repudiaron el ataque de manera contundente, sino que también lo relativizaron en algunos casos.
El kirchnerismo ha señalado que el intento de magnicidio fue el resultado de un clima de hostilidad y demonización de la figura de Fernández de Kirchner, promovido desde ciertos medios y actores judiciales. Esta violencia simbólica, argumentan, contribuyó a alimentar un contexto de odio que terminó por materializarse en el ataque.
El poder judicial, la política y la democracia
El conflicto entre Fernández de Kirchner y el poder judicial en Argentina no es reciente. La expresidenta ha sido una crítica férrea del rol de la justicia en el país, al que acusa de estar cooptado por sectores opositores y de actuar con parcialidad. Este enfrentamiento con el poder judicial es parte de una narrativa que sostiene que la democracia argentina está en riesgo si se permite que jueces y fiscales actúen como "partidos judiciales" que inciden en los resultados electorales.
Los críticos de Fernández de Kirchner, por su parte, sostienen que las causas en su contra no son una persecución, sino procesos legítimos que buscan esclarecer presuntos actos de corrupción durante sus mandatos. Sin embargo, la inhabilitación para cargos públicos, que acompaña a la condena de prisión, marca un precedente de gran magnitud en la historia política argentina.
¿Una proscripción política?
Con la condena, el escenario para Cristina Fernández de Kirchner queda en una incertidumbre profunda. La posibilidad de una proscripción política alimenta los discursos de polarización en el país y despierta interrogantes sobre el futuro de la democracia en Argentina. ¿Es esta condena una herramienta para bloquear a la líder peronista de futuras candidaturas? ¿Se trata de una medida justa o de un recurso para modificar el mapa político a favor de ciertos sectores?
A medida que se desarrollen los acontecimientos y las apelaciones, la imagen de Fernández de Kirchner —ya sea como víctima de un sistema judicial parcial o como figura política condenada por corrupción— seguirá siendo un punto de tensión. Esta controversia no solo afecta el presente de la política argentina, sino que también podría determinar la dirección que tomará la democracia en el país en los próximos años.
